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Este libro trata sobre cómo salvar de la violencia a miles de niñas, niños, mujeres y hombres, y cómo hacer frente a la realidad de que se pierden más vidas de jóvenes por estar tras las rejas, que por la violencia en sí.

Condensa la experiencia del autor, cincuenta años laborando alrededor del mundo, con el objetivo de prevenir la delincuencia violenta y promover e implementar los derechos de las víctimas de delitos.

Irvin Waller explica en este libro las causas del crimen violento y perfila algunas respuestas para reducirlo. Sostiene que una intervención eficaz, desde el plano de la prevención, es más exitosa que cualquier modelo represor. Además, añade, es más barato: equivale al 10% de lo que un Estado comúnmente destina a policía, tribunales y cárceles. Ciencia y secretos para acabar con el crimen violento es un libro que ningún interesado en la prevención del delito debe dejar de leer.

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Sentimientos de ira, depresión, temor y vulnerabilidad son solo algunas de las secuelas que experimenta una persona después de haber sido víctima de un delito. Según las circunstancias individuales, estas aflicciones pueden durar semanas, meses o, incluso, años.

Si tomamos en cuenta que las tasas de denuncia de delitos suelen ser muy bajas en la mayoría de los sistemas de justicia y que las tasas de solución son aún más bajas, es necesario preguntamos ¿qué estamos haciendo para asegurar el bienestar de las victimas?

Irvin Waller, destacado líder en el movimiento de defensa de los derechos de las víctimas a nivel intemacional, despliega las mejores prácticas que, en diversos países, han demostrado su eficacia, tanto para prevenir la victimización como para asegurar el respeto a los derechos de las víctimas del delito.

El texto nos invita a construir un sistema que cumpla con la labor de proteger las necesidades de las victimas y de reconocer el papel central que éstas deben tener a lo largo del desarrollo del proceso de búsqueda de justicia.

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Este documento tiene como fundamento la revisión y análisis de los avances teóricos y empíricos de las políticas públicas implementadas en América Latina y de sus respectivos marcos legales y jurídicos, así como de las directrices de organismos internacionales en materia de prevención. Su objetivo principal es servir a los gobiernos como guía y herramienta de apoyo para diseñar y gestionar sus planes y acciones en las materias concernientes.
El Modelo presenta siete procesos y dos condiciones de funcionalidad cuya meta es facilitar la identificación de los contextos, avances y requerimientos propios de cada país para contribuir a la construcción y consolidación de políticas públicas de prevención de la violencia y el delito con un enfoque integral.

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Estas guías operativas tienen el objetivo de proporcionar a los gobiernos un instrumento dinámico para llevar a la práctica y materializar las estrategias y líneas de acción que sustancian los procesos de institucionalización y focalización.

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Para cada línea de acción se sugiere una ruta de implementación y elementos afines, que comienzan con un plan de trabajo para su operación, marcos de referencia, claves de éxito y limitaciones para su ejecución; igualmente, se establecen responsables, se identifican a los actores que han de intervenir y los recursos que se necesitarían, se señalan ventajas o beneficios de su implementación y, por último, se ofrecen ejemplos de experiencias ejecutadas en países de la región o de prácticas con evidencia de éxito documentadas en estudios especializados.

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En esta compilación de textos sobre violencia, seguridad ciudadana y victimización en México -coordinada por José Alfredo Zavaleta Betancourt y Arturo Alvarado Mendoza- Carlos Mendoza Mora, nuestro Director General, participa con un texto en el que analiza las olas de secuestro recientes en el ciclo de violencia que se registró en las últimas dos décadas en el país, para advertirnos que estamos próximos a una quinta ola que puede prevenirse con base en el aprendizaje del pasado reciente.

Para tal efecto, analiza la influencia ejercida por organizaciones civiles de empresarios y clases medias al gobierno federal y a los gobiernos estatales, para mejorar los programas y unidades de control de este delito de alto impacto.

Asimismo, utiliza datos cuantitativos de encuestas nacionales para advertirnos acerca de la complejidad de las formas de secuestro, realizadas por redes delictivas organizadas.

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Este artículo aparece en el libro Evolución del Sistema Penal en México. Tres cuartos de Siglo, publicado en 2017 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, fue coordinado por el Dr. Sergio García Ramírez y la Dra. Olga Islas de González Mariscal.

En su ensayo, la Mtra. Verónica Martínez y el Mtro. Óscar Aguilar, reseñan, de manera concisa y ordenada, los cortes teóricos sobre lo que ha significado la prevención del delito en México, a partir de tres paradigmas, repasan cómo se ha construido la prevención desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la actualidad.

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Esta obra tiene como objetivo caracterizar la relación de las adicciones y las conductas antisociales entre los jóvenes y adolescentes, no sólo desde un análisis teórico, legal y estadístico, sino también a partir de una investigación con evidencia empírica que permitió identificar los contornos cuantitativos y cualitativos de este ingente problema del México contemporáneo, que requiere propuestas de intervención y soluciones eficaces, las cuales sólo pueden construirse por medio de rigurosas indagaciones como las que se aproximan en este presente estudio.

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A partir de la experiencia norteamericana con relación a la política punitiva de control del delito, el Dr. Waller propone un cambio de paradigma hacia la prevención sustentando su explicación en los siguientes argumentos.
1. Una política punitiva y reactiva es más costosa que una preventiva dadas las erogaciones asociadas al híper encarcelamiento, las lesiones, los homicidios, las medidas de protección contra la inseguridad, los accidentes violentos, los recursos para el funcionamiento de los ministerios públicos, el poder judicial, el sistema penitenciario, entre otros gastos que el Estado, a partir de las aportaciones de los contribuyentes, debe hacer.
2. Si las intervenciones preventivas son menos costosas que las acciones punitivas, entonces las políticas públicas de prevención tienen un mayor impacto al incidir en un mayor número de personas.
3. Una política preventiva, aplicada aún en el nivel terciario, puede ayudar a evitar la reincidencia o la re-victimización. En tal sentido, una política preventiva aplicada a infractores menores puede disminuir las probabilidades de comisión de delitos aún más graves.
4. La evidencia muestra que la disminución del encarcelamiento producto de una política punitiva, coincide con una reducción en las tasas de criminalidad y violencia. En consecuencia, una de las vías para reducir el encarcelamiento es actuar antes de que el delito se cometa, es decir, prevenir.

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Los textos de este libro analizan la situación de vulnerabilidad y violencia de las personas de varios países de América Latina y el Caribe, indagando las bases y estrategias para superar dichas situaciones. Se han juntado diecisiete experiencias de investigación muy concretas con miradas y contribuciones teóricas y metodológicas desde el “Sur global”, importantes en el debate académico y de prácticas y políticas públicas relevantes. Se han construido conocimientos sobre las poblaciones en cuestión y, en algunos casos, conjuntamente con las comunidades y sus integrantes, abandonando la mirada tradicionalmente estado-céntrica que, al respecto, existe sobre el tema. No se niega la importancia del rol del Estado, que lo tiene y debe tener en estos temas. No es un texto, igualmente, que idealice las respuestas comunitarias y la capacidad de resiliencia de las personas frente a las violencias, casi como único camino que se debería tomar después de un sinnúmero de fracasos que se acumulan en varias de las políticas públicas de seguridad y justicia en la región. Al contrario, se reconoce la importancia de muchas iniciativas nuevas y sobresalientes del Estado. Se busca construir un marco de referencia que facilite la complementariedad entre ambos sectores, el Estado y la sociedad, sin caer —nuevamente— en un romanticismo.

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En este libro, Adam Blackwell explica que las políticas públicas en relación con las drogas y el crimen han empezado a cambiar. La droga ha dejado de ser el enemigo público # 1, y ahora se le considera más como un problema de salud pública y de libre desarrollo de la personalidad. El enfoque reactivo y represivo se desplaza hacia uno de prevención y rehabilitación.

Bien dice el autor que el escenario que deja la guerra contra las drogas y el crimen en América Latina demuestra que las políticas represivas no han arrojado resultados positivos sino todo lo contrario. En por eso que es necesario abordar el tema desde un enfoque diferente.

Si la guerra contra las drogas llega su fin… es un texto en el que se desarrolla conceptualmente el “enfoque inteligente de seguridad”, el cual se corresponde con el enfoque preventivo. La seguridad inteligente es un proceso de provisión de estrategias sostenibles y eficaces, adaptadas a las necesidades de cada país. Lo más importante de este enfoque es que se apoya en el fortalecimiento de las instituciones y la cultura antes que en el desarrollo de más políticas represivas y reactivas.

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En esta obra se conjuntan las más recientes investigaciones del Dr. Irvin Waller sobre las necesidades de las víctimas del delito, con ejemplos de los organismos y programas que representan las mejores prácticas ordenadas a satisfacer tales necesidades.

No sólo se centra en las acciones que deben adoptar la policía y los servicios sociales para mejorar el trato a las víctimas, sino que además examina la forma en que las compensaciones y la participación activa de los afectados por los delitos en los tribunales pueden contribuir a reparar el daño, garantizar la seguridad de las víctimas y hacer justicia.

El objetivo es aportar elementos para que los encargados de la procuración de justicia cimenten un mayor equilibrio entre los derechos de las víctimas y los que protegen a los inculpados. Al final de cada capítulo de este libro se presentan recomendaciones para que los legisladores realicen las reformas dirigidas a salvaguardar de la mejor manera los derechos de las víctimas. Después de explicar la necesidad de establecer un amplio conjunto de programas y leyes, se añade un ejemplo de ley que podría adaptarse fácilmente a cualquier sistema legal.

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La reforma constitucional en materia penal del 18 de junio de 2008 es una de las más importantes que se han efectuado en el país. Obliga a una transformación que responde a las demandas ciudadanas por una mejor impartición y procuración de justicia, así como un cambio que garantice el respeto al Estado de derecho en una sociedad mexicana cada vez más dinámica y democrática. De esta forma, la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en México ha inaugurado un proceso de transición estructural de mediano y largo plazo en las instituciones locales y federales.

En esta ocasión se previó la necesidad de elaborar un análisis costo beneficio del nuevo sistema de justicia penal, en los ámbitos estatal y federal, para derivar en una primera aproximación sobre los impactos económicos asociados a la reforma en relación a los beneficios sociales que van a generar.

El análisis de la reforma penal desde una perspectiva económica, permite determinar los requerimientos específicos de recursos y diseñar los cronogramas de aplicación en los órdenes federal y estatal. Es decir, es posible construir distintos escenarios de implementación de la reforma y para cada uno cuantificar, valorar y distribuir según el tiempo los beneficios y los costos de inversión y operación. Con base en este estudio es viable generar una análisis cruzado entre la relación costo-beneficio y costo-eficiencia para moldear diferentes alternativas de implementación en términos de las capacidades financieras de cada entidad federativa. Con ello se podrán realizar diferentes proyecciones presupuestales para cada operador que servirán de apoyo a la toma de decisiones políticas y técnicas.

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Con representación nacional y estatal, la ENSIJUP, que fue levantada en los meses de febrero y marzo de 2012 y comprendíó una muestra de 16 mil entrevistas en hogares en 1,600 áreas geoestadísticas básicas (AGEB’s), obtuvo datos relativos a la percepción sobre seguridad, procuración y administración de justicia penal, así como de victimización y experiencias frente al conjunto de los operadores, además de otras circunstancias vinculadas al sistema, incluyendo cambios observados con motivo de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

La información cuantitativa producto de los grupos de enfoque y entrevistas a profundidad se concluyó en el mes de septiembre de 2012, y fue obtenida en las ciudades de Toluca, Cuernavaca, Juárez, Distrito Federal, Villahermosa y Victoria. Se estudiaron cuatro grupos: el primero correspondió a sesión colectiva con operadores del SJP que tienen contacto directo con víctimas de delitos y el segundo con víctimas de un delito en el que no se presentó situación de violencia, mientras que el tercero y cuarto se refirieron a entrevistas a profundidad con víctimas de delitos con violencia y familiares de víctimas de delitos con o sin violencia, respectivamente.

De esta manera, en los apartados procedentes se analizarán los resultados ponderados de la encuesta (que utilizaron factores de ajuste demográfico), a partir de conglomerados relevantes: referencias nacionales, hogares sin víctimas, víctimas no denunciantes, víctimas denunciantes y víctimas denunciantes distintas a los informantes directos, género, estrato de edad y condición socioeconómica o educativa.

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La serie VICTIMOLOGÍA reúne publicaciones científicas referidas a los difíciles y complejos procesos que provoca el delito. Estos son abordados en trabajos e investigaciones de destacados especialistas en Victimología y Criminología que pertenecen a Universidades, Centros asistenciales y de ayuda a las víctimas, así como a Investigadores de distintas disciplinas cuyo objetivo principal es la comprensión de las víctimas y la búsqueda de respuestas institucionales, sociales y culturales.

La Serie VICTIMOLOGÍA reúne publicaciones especializadas y de actualización; está dirigida a profesionales del Derecho, Psicología, Criminología, Medicina, Sociología, Trabajo Social; a personal policial, penitenciario, asistentes terapéuticos y a personas que trabajan, a nivel comunitario, en la prevención del delito.

En la edición número 18, el Dr. Irvin Waller y la Mtra. Verónica Martínez recapitulan las acciones y avances de los derechos de las víctimas a treinta años de la publicación la Carta de las Naciones Unidas para las Víctimas.

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