El pasado 29 de octubre, Héctor Zayas Gutiérrez, Coordinador de Proyectos sobre el Sistema de Justicia Penal de PEC y Secretario Técnico del Consejo Directivo de la Fundación para el Estudio de la Seguridad y Gobernanza, participó en el II Coloquio de la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal, que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Durante su presentación en el Panel 4. “El futuro del sistema oral-acusatorio en México”, el Mtro. Zayas expuso sobre cinco temas relevantes: actuación policial, presunción de inocencia en crisis, asesoría jurídica, contradicción y continuidad en el proceso y acción penal particular.
Respecto de la actuación policial, identificó deficiencias que han producido como consecuencia la nulidad probatoria de sus actos, el incumplimiento de los fines constitucionales del procedimiento penal y la consecuente sensación de inseguridad, impunidad y desconfianza en las autoridades.
En cuanto a la presunción de inocencia señaló las problemáticas de la prisión preventiva selectiva, la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, la relegación de principios de necesidad y proporcionalidad para la imposición de medidas cautelares, la puesta a disposición de detenidos ante jueces de control dentro de centros penitenciarios y los problemas de implementación de las Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS) a nivel nacional.
Por lo que toca a la asesoría jurídica de víctimas, señaló que actualmente la investigación victimal es inexistente, la coadyuvancia durante el proceso penal es simulada y las instituciones no tiene capacidad para atender de manera integral a las víctimas de la violencia y el delito.
Asimismo, refirió que ha resultado imposible conciliar la realidad con los principios constitucionales de concentración y continuidad. Explicó que las actuaciones judiciales -pero sobre todo la audiencia de juicio oral- no deben ser interrumpidas, sino que deben agotarse todos los temas a examinar. Al llevar a cabo los juicios a través de una unidad, el juzgador tendrá presente en su memoria cada una de las diligencias al momento de dictar sentencia, permitiendo una mejor fundamentación y motivación. Sin embargo, en la actualidad los Tribunales de Enjuiciamiento no están respondiendo a las necesidades del sistema, quienes alegan falta de personal.
Concluyó su participación señalando que ante la evidente carga de trabajo por la cual atraviesan agentes del ministerio público, resulta pertinente llevar a cabo reformas para volver accesible la acción penal particular. Al respeco, el Código Nacional de Procedimientos Penales la limita a delitos que se persigan por querella, y que además cuenten con pena alternativa o con pena corporal de entre uno y tres años, por lo que propone ampliarla a todos los delitos patrimoniales, sin que resulte relevante el monto de la pena.
También participaron la Mtra. María Novoa, Coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Miguel Garza de INSYDE y Carlos A. Frausto, Director General de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
El evento fue transmitido en vivo y es posible verlo en el siguiente link de youtube: